Un artículo de El País leído recientemente en Facebook me motiva a escribir esta entrada. El artículo en cuestión es el siguiente:

https://elpais.com/internacional/2018/09/25/actualidad/1537902967_564492.html?id_externo_rsoc=FB_CM#comentarios

Cinco países latinoamericanos impulsan una denuncia contra Maduro en La Haya

Vaya por delante que conozco muy directamente la situación de Venezuela porque mi pareja es venezolana y reside allí, y este año, sin ir más lejos, he pasado cuatro meses en el país y vivido en carne propia la situación de precariedad y dificultades de todo tipo que sufre la población, desde los problemas para encontrar alimentos o medicinas al desesperante efecto de la hiperinflación, la emigración forzada por la situación, las limitaciones para conseguir efectivo en los bancos o repuestos de cualquier tipo y he podido observar la corrupción militar y política, además y muy importante, de la falta de credibilidad e ideas de la oposición, que se limita a pedir golpes de Estado, eso sí, en la mismísima televisión. Esto no quita que haya presos políticos, por supuesto, aunque algunos de ellos no lo están por su postura política precisamente, pero los enfrentamientos permanentes entre los distintos grupos y personalismos dificulta una alternativa necesaria aunque inexistente en la práctica. Lo peor es la trágica situación de fractura social entre los propios venezolanos, incluso dentro de las familias, entre partidarios y contrarios al régimen, que provoca una situación tan desesperada. No obstante, es admirable como se han establecido redes de solidaridad familiar que permiten que, a pesar de todo, muchos ciudadanos puedan seguir adelante a pesar de tanta precariedad, pero ese no es el motivo de este artículo, aunque alguna vez escribiré sobre ello porque merece la pena.

El gobierno ejerce totalmente a la defensiva, incapaz de paliar la situación a base de medidas que le sirven, únicamente, para que su base electoral no se descontrole, subidas salariales casi continuas que se come la inflación antes de ser puestas en práctica, bonos de todo tipo que corren la misma suerte, de modo que los venezolanos se lo toman ya a broma, el famoso carnet de la Patria que se pretende ahora utilizar como una especie de cartilla de racionamiento para la gasolina o las ayudas alimentarias que se pierden para aparecer en las tiendas a precios desorbitados para la economía de los ciudadanos y cuya distribución controla el Ejército…, que sorpresa ¿verdad? Escándalos en la petrolera nacional casi permanentes…, en fin. Maduro, al que identifican popularmente con un burro, y todo su gobierno, no merecen pues la más mínima defensa, aunque también es cierto que parte de los problemas del país, y no en pequeña medida, están siendo muy agravados por el bloqueo internacional decretado por EEUU y que siguen borreguilmente algunos países latinoamericanos y la UE, con el escandaloso liderazgo de España al frente, al menos hasta ahora. Esto deja a Venezuela en manos de Irán, de China y de Putin, lo que equivale a salir de Málaga para entrar en Malagón. Pero de eso no interesa hablar. El bloqueo perjudica fundamentalmente a la población, las pocas cuentas que hayan podido bloquear de algunos jerifaltes del régimen no son nada en comparación con la falta de productos básicos que provoca en el país, los precios disparatados por un cambio del dólar descontrolado que el gobierno es incapaz de atajar y las corruptelas que todo esto genera. El mal gobierno y la ineptitud y corrupción del sistema venezolano no evita que esto sea una realidad que repercute en los ciudadanos. Alguna vez he dicho que la comunidad internacional le está dando patadas a Maduro en el culo de los venezolanos. Para mí no hay ninguna duda.

Y una vez que he explicado someramente mi opinión, se podría hablar largo y tendido sobre todo esto, voy a lo que me ha llevado a empezar esta entrada y que no es otra cosa que la poca vergüenza de muchos dignatarios latinoamericanos que se dedican a hacer el juego a EEUU poniéndose valientemente al frente de la cruzada anti-Maduro mientras son manejados como marionetas por las empresas norteamericanas, las que ejercen el verdadero poder a través, entre otros, del Banco Mundial y el FMI, y de paso esconden su propia inutilidad para resolver los problemas de sus países, utilizando a Venezuela como una cortina de humo tras la que esconder sus vergüenzas. Lo que no impide que muchos de los datos aquí recogidos sean peores en Venezuela, no creo que nadie hoy en día lo pueda negar, pero ¿una iniciativa como esta va a llevar alguna mejoría a los venezolanos? Lo dudo mucho.

La iniciativa de denuncia de la que habla el artículo la han llevado a cabo Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, con la inestimable colaboración de un informe de la OEA, controlada por EEUU, elaborado por el ínclito secretario general Luis Almagro, un personaje a quien el propio José Mugica, que le nombró en su momento ministro de Relaciones Exteriores ha retirado públicamente la palabra,  y apoyados por Brasil. Vamos con ellos.

Argentina, o mejor dicho, Macri, los argentinos no tienen culpa de haber tenido que elegir entre este sujeto y la corrupción de los Kirchner. La situación actual de Argentina, después de casi tres años de gobierno del expresidente de Boca Juniors es la siguiente (Datos del Centro de Estudios Latinoamericanos):

En el segundo trimestre de este año la economía cayó el 4,2% con relación a un año atrás.

Las consecuencias del proceso neoliberal que experimenta argentina desde la asunción de Mauricio Macri, ya se materializan en el nuevo informe publicado el pasado jueves por la Universidad Católica Argentina (UCA): “La pobreza ya trepa al 33 por ciento y uno de cada 10 argentinos es indigente”.

Argentina se posicionó en el puesto 85 de la edición 2017 (39 puntos en parámetros de 0 a 100 siendo 100 los menos corruptos) del ranking de Transparencia Internacional, una lista que ordena a los países de menor a mayor nivel de corrupción. Siendo que el último relevamiento fue antes de que se conociera el colosal escándalo de los cuadernos de las coimas, es de esperar que este año el posicionamiento de la Argentina en este índice global se vea fuertemente impactado.

Con esto creo que podemos entender algo de la ferocidad antimadurista de Macri, no solo por cuestiones ideológicas o el efecto cortina de humo que comentaba, sino por su dependencia del FMI, o sea, de USA.

Vamos con Colombia. El presidente del país, Iván Duque, es nuevo en el cargo, por lo que no es responsable de la situación del país ni para bien ni para mal, aunque siempre se movió a la sombra de Álvaro Uribe, (una de las épocas más corruptas del país) y fue senador hasta su elección como Presidente.  También puede ser una forma de distracción ante datos como los publicados recientemente:

Los índices de pobreza en el país se mantuvieron en 2017 en un 26,9% de la población y los de pobreza extrema en un 7,4%, más de 3,5 millones de colombianos. Mientras, los índices de distribución de la riqueza no han variado apenas, manteniéndose las diferencias de épocas anteriores. No parece que las previsibles políticas neoliberales vayan a mejorar este último dato. (La República. 27-09-2018)

Con una calificación de 37 sobre 100, que mantiene por cuarto año consecutivo, Colombia cayó seis puestos en el Índice de Percepción de Corrupción, de acuerdo con el informe de 2017, realizado por Transparencia Internacional. De esta manera, el país ocupa el puesto 96 de 180 países. El resultado indica que no ha cambiado la percepción que grupos de expertos tienen sobre el sector público colombiano en cuanto a la corrupción. (El Espectador. 27-09-2018)

Los asesinatos de luchadores sociales e indígenas es una preocupación en Colombia, país en el que se cometieron más de 100 crímenes de líderes, lideresas y comuneros en 2017. Esta nación también enfrenta un alto número de desplazados indígenas en un escenario de post conflicto armado tras el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que mantuvieron al país en guerra interna durante más de medio siglo.

Duque es un enemigo acérrimo del régimen de Venezuela desde hace tiempo, y no perdona la colaboración de Chaves en la solución final al problema de las FARC, a la que se opone y que pretende revisar. Tal vez por ahí vaya su postura en este tema, aparte de ser un liberal formado en USA, donde ha trabajado en organismos internacionales relacionados con el mundo financiero.

El actual presidente de Perú desde el pasado 23 de marzo es Martín Vizcarra Cornejo, quien llegó al cargo, desde la vicepresidencia, por la dimisión (por su implicación en varios casos de corrupción incluida la compra de votos) del hasta entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Martín Vizcarra deberá completar el periodo presidencial hasta julio de 2021. Su postura oficial no ha sido excesivamente beligerante con Venezuela, incluso ha sido de los pocos que se ha mostrado claramente en contra de una opción armada en el país, pero al mismo tiempo, Perú es uno de los países donde la reacción ante la entrada masiva de venezolanos ha sido más virulenta. Quizás sea esta la razón por la que ha entrado en el juego de la denuncia ante La Haya.

Desde el punto de vista económico, los datos macro de Perú son de los más favorables del área, aunque la economía peruana habría sufrido una desaceleración “temporal” en el tercer trimestre con un crecimiento de un 2,4%, por la volatilidad de los mercados externos y el débil desempeño del sector primario local, según el viceministro de Economía, Hugo Perea. La actividad económica peruana había crecido un 3,1% y un 5,4% en el primer y segundo trimestre respectivamente.

Comparado con los países vecinos, Perú tiene una ligeramente menor tasa de desigualdad en los ingresos, según cifras del Banco Mundial. Vale precisar, sin embargo, que estos resultados se concentran únicamente en la igualdad vista desde la parte financiera. Y también conviene resaltar que Perú no ha reducido su desigualdad en los últimos cuatro años, de acuerdo al BM. Esta tasa, entonces, no considera factores como el acceso básico a servicios de salud, educación, saneamiento o seguridad.

El ejemplo más claro es el de los indígenas peruanos, la cara más expresiva de la pobreza. El 75% de ellos perciben ingresos menores a dos dólares diarios. Esta condición socioeconómica demuestra, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que, en Perú, ser indígena equivale a ser pobre. El 39 por ciento de los peruanos, según Latinbarómetro, cree que son discriminados por raza. Silva Santisteban recordó la expresión que lanzó el expresidente Alan García en contra de los pueblos originarios, a quienes calificó de “perro del hortelano”. El gobierno de Ollanta Humala, siguió el piloto automático del “perro del hortelano”, y desconoció la existencia de pueblos indígenas en los Andes. No parece una situación que de derecho a echar en cara a otros países falta de protección a la población.

En cuanto a la corrupción institucional actual en Perú, existe todo un entramado descubierto en los últimos años al que no se ha dado solución, según El País del 15 de agosto de este año. A diferencia de la corrupción centralizada y vertical de los tiempos de Fujimori, la actual está compuesta por varias esferas y redes de poder que van desde estructuras de clientelaje y tráfico de influencias recíprocas, corrupción en la emisión de decisiones jurisdiccionales, beneficios a personajes del sector privado, periodistas y a políticos. Todo empezó por la pesquisa impulsada por una valiente fiscal del Callao —Rocío Sánchez— para indagar sobre las conexiones entre el crimen organizado en el principal puerto peruano y la colaboración delictiva de ciertos jueces, abogados y autoridades. Si bien el narcotráfico —Callao, principal ruta de exportación— pudo estar en el inicio de las indagaciones de la fiscal Sánchez, ha quedado temporalmente opacado como tema central ante la “caja de Pandora” que ha estallado.

Lo que está claro es que no es Perú un país que pueda dar demasiadas lecciones a los demás, especialmente en el tema de la corrupción política. No en balde, además del caso mencionado de Kuczynski, sus cuatro antecesores están siendo o han sido investigados por esta causa (Alan García, Alberto Fujimori, Pedro Toledo y Ollanta Humala), con Fujimori habiendo pasado varios años en prisión.

Vamos con Paraguay. El 15 de agosto asumió sus funciones el nuevo gobierno paraguayo, cuyo periodo constitucional durará hasta 2023. El flamante jefe del poder ejecutivo es Mario Abdo Benítez, hijo del que fuera eterno secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, que no ha podido nunca sacudirse esa relación con la dictadura. Además, en su primer discurso durante la toma de poder, no olvidó agradecer al Partido Colorado, a su padre y a Dios. Recordó que durante la campaña electoral dijo que su jefe de campaña era Dios: “Hoy ya no estamos en campaña, pero seguimos teniendo al mismo jefe: a Dios. Como diría un castizo. “Empezamos bien”. Sea como fuere, el nuevo gobierno ha echado a andar frente a la atenta mirada de una ciudadanía cada vez más crítica y movilizada, que tolera menos los actos de corrupción de los políticos y la insatisfacción de sus demandas. Da la impresión de que el gobierno de Abdo Benítez no genera demasiadas expectativas en cuanto a gestión y cumplimiento de propuestas de campaña.

El crecimiento de la economía paraguaya ha sido considerable en los últimos años. Se alcanzó un pico de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de casi el 15 % en 2013, y para este año se espera un crecimiento cercano al 4 %. El crecimiento económico no implicó una mejora en la calidad de vida de la población. El país sigue siendo muy débil en términos sociales y no consiguió generar fortalezas a nivel productivo. Los recursos naturales continuaron concentrándose en pocas manos y el modelo privilegió la especulación y las finanzas. El modelo implementado genera desigualdad, no fomenta la producción ni estimula el mercado interno.  “Desde Celag, hemos demostrado la crudeza de la vida paraguaya. En términos de salud, el país registra la segunda tasa de mortalidad infantil más elevada de la región. Lo mismo ocurre con la tasa de mortalidad maternaLa pobreza alcanza al 40 % de los niños y al 28 % del total de la población. El crecimiento es positivo para cualquier economía. No se puede discutir que haber alcanzado picos de expansión del 15 % del PIB es importante. Pero nadie puede engañarse. Cuando el crecimiento lo acaparan sólo unos pocos, es más de lo mismo: un crecimiento empobrecedor”.

Según un informe de Transparencia Internacional de 2018, Paraguay sigue estando entre los países más corruptos del planeta. La medición se hace sobre 180 países y Paraguay ocupa el puesto 144. Este organismo analizó también la relación entre los niveles de corrupción y la libertad que tienen las organizaciones cívicas para actuar e influir en las políticas públicas. El análisis muestra que la mayoría de los países que obtienen una puntuación baja en cuanto a libertades civiles también suelen recibir altas calificaciones de corrupción. El informe señala que a pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción en el mundo, la mayoría de los países están avanzando a pasos lentos. Afirma que en los últimos 6 años numerosos países, entre ellos Paraguay, han conseguido un nulo progreso. Los países donde son más frágiles las garantías para la prensa y las organizaciones no gubernamentales, en general presentan los mayores índices de corrupción.

Supongo que el nuevo presidente paraguayo conseguirá cambiar esta situación con la ayuda de Dios, y para adelantarse acusa a Venezuela por su situación económica y por corrupción. Pues que bien.

Y ahora, la joya de la corona entre los denunciantes, Chile. Otro nuevo mandatario, aunque éste con experiencia anterior, Sebastián Piñera. Parece que, junto con sus colegas de denuncia, estaban deseando llegar al poder para denunciar a Venezuela, lo que no es raro conociendo su filosofía liberal o pseudoliberal y su seguidismo hacia USA. 

Desde el punto de vista económico, los buenos datos del país son indudables, si bien, aunque la situación actual del país pareciera estable, las expectativas sobre la situación muestran caídas significativas en la última Encuesta de Percepciones y Expectativas Económicas del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, a la cual tuvo acceso PULSO. La encuesta del centro de estudios, que se realiza hace 63 años en el Gran Santiago, muestra que pese a las alzas registradas en el segundo trimestre del año, las cifras a septiembre tuvieron un claro retroceso. Esto, en línea con diversos estudios que muestran similares resultados como Cadem o el Ipeco de la Univeridad Del Desarrollo. En este contexto, el índice general de confianza de los consumidores muestra una variación negativa de 3,9 puntos porcentuales (pp) respecto al trimestre anterior (junio de 2018) y una caída de 4,6 puntos en doce meses, pese a que en junio de este año, este indicador había generado avances en comparación a marzo. A pesar de todo, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, el país ha pasado sin apenas mojarse por encima de la ola de dificultades económicas de la mayoría de los países de la región, sobre todo Argentina y Brasil y parece mantener el rumbo.

En cuanto a la pobreza, el reparto de los beneficios económicos no se presenta precisamente bien repartido, como es habitual. En los últimos dos años, los sectores pobres se han hecho más pobres, según el estudio Casen. Este estudio también arrojó que durante el gobierno pasado se registró una disminución del 5% y en el anterior a ese del 10%. Asimismo, se informó que las regiones más pobres son: La Araucanía (17,2%), Ñuble (16,1%), Maule (12,7%) y Bío Bío (12,3%). Asimismo, Casen también aborda la denominada pobreza multidimensional, la cual considera las carencias en cinco dimensiones: educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social. En ese ámbito se determinó que un 20,7% son pobres, una nula variación con respecto al 20,9% registrado en 2015. La encuesta también arrojó que los indicativos de distribución de ingresos no presentaron cambios significativos con respecto a 2015, sin embargo, estableció mayor desigualdad entre los ingresos del trabajo del 20% más rico con respecto al 20% más pobre.

Según el informe de Transparencia Internacional, el país se mantiene como el segundo menos corrupto de América Latina, sin embargo, cayó dos puntos en la clasificación general, lo que significa además una caída total de cinco puestos en los últimos tres años. Sobre el continuo retroceso de Chile en el ranking, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, consideró que se debe a que el país “requiere que se perfeccionen los sistemas de denuncia y protección de testigos y víctimas de corrupción, fortalecer las instituciones encargadas de perseguir este tipo de irregularidades y aumentar la severidad de las sanciones de los delitos asociados a esta”. En ese sentido el presidente director ejecutivo de Ciudadano Inteligente, Pablo Collada, declaró en radio Cooperativa que “hay otros países que han estado atendiendo estas cuestiones de mejor manera, hacen bastantes cambios y eso tiene que ver con la manera en que se han sobreseído causas (en Chile), lo que deja una sensación de impunidad, de arreglines, de tener un acceso desigual a la justicia”.


Pero donde Chile ha avanzado menos que muchos países con peores datos económicos es en la situación de los pueblos indígenas, sobre todo con los mapuches, lo que ha llevado a graves enfrentamientos en los últimos años. Según Michel Duquesnoy, investigador de la Universidad O’Higgins existen dos razones por la que la gente reniega de su origen indígena, “la primera tiene que ver con anhelo de la sangre pura, donde se busca mantener la imagen de pureza, descartando la posibilidad del mestizaje biológico y cultural. También tiene que ver con un asunto de xenofobia, porque todavía se ve con desconfianza a los indígenas”, explica. “En Chile, una gran mayoría de la población es discriminadora. Las personas hacen diferencias por  color de piel, de pelo, ingresos económicos o etnia, donde se le tiene miedo a lo diferente y se enfoca principalmente en los indígenas y en los extranjeros” asegura Duquesnoy. Pero, ¿esta situación se puede mejorar? Al parecer sí y el pilar fundamental es la educación, con el objetivo de facilitar el diálogo entre la sociedad y comience un proceso de asimilación necesario en nuestro país. “Debemos apuntar hacia la educación y a políticas públicas claras que faciliten el diálogo entre los pueblos, y se reconozca la cultura y la cosmovisión de los pueblos indígenas, con el objetivo de sanar heridas, generando una mejor relación entre los chilenos y sus raíces”, finalizó el investigador.

¿Cabe esperar que Piñera consiga avances en estos puntos? Puede ser, aunque su anterior etapa como Presidente no da para demasiadas expectativas. No obstante, respecto al tema que nos ocupa, es el único que ha diferenciado muy claramente, al menos de palabra, sobre su posición frente al gobierno venezolano y las políticas referidas a la emigración venezolana, con una alta incidencia en su país. Puede que, en su caso, más que un intento de desviar la atención de sus propios problemas, como Macri y algún otro, su implicación en la denuncia de la Haya venga más de sus relaciones con el poderoso “amigo del Norte” y sus compromisos con la Administración Bush

Ah, me olvidaba: de Brasil ni hablamos ¿verdad? Bueno, solo unos datos que demuestran la amoralidad de quien se atreve a denunciar a otros por corrupción. 

El 31 de agosto de 2016 Michel Temer asumió la presidencia debido a la destitución de la expresidenta Dilma Roussef. En mayo de 2017 el Fiscal General del Estado acusó a Temer de “corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y organización criminal” tras unas revelaciones de O Globo sobre las declaraciones del empresario Joesley Batista, dueño de una multinacional cárnica, quien había grabado en secreto a Temer avalando un soborno. La fiscalía autorizó la difusión del audio que afecta también a otros políticos. Temer, en un discurso televisado, respondió que el audio estaba manipulado, acusó a Batista de ser un «exagerado» y pidió un peritaje tecnológico. La investigación se sitúa en el marco de manos limpias de Brasil sobre la financiación ilegal de los partidos.​ Temer se negó a dimitir.​ La respuesta social fue un nuevo incremento de las protestas en la calle, que comenzaron a pedir elecciones directas, no conformándose con la renuncia de Temer y la elección de un nuevo presidente por parte de un parlamento en el que más de la mitad de sus miembros estaba involucrado en denuncias de corrupción. En junio de 2017, la Comisión pastoral de la tierra denuncia un fuerte aumento de la «represión» contra el movimiento campesino de sin tierras. Según ella, los asesinatos han aumentado un 25% (incluyendo 10 campesinos asesinados colectivamente por la policía el 24 de mayo de 2017) y los encarcelamientos del 86%. En julio de 2017, la popularidad de Temer se desploma al 5 %.

En noviembre de 2016, el secretario del gobierno dimite, acusado de tráfico de influencias en proyectos inmobiliarios. El 14 de diciembre de 2016, acusado también de corrupción, uno de los consejeros más cercanos del presidente dimite.​ El 7 de enero de 2017, el secretario de la Juventud dimite después de unas polémicas declaraciones sobre las matanzas de presos en las prisiones brasileñas. En julio de 2017, varias personalidades políticas entre las que figuran el ministro de Ciencia y Tecnología, el ministro de Minas y Energía, el ministro de Ciudades, el ministro de Integración Nacional, el ministro de Industria y Comercio y el nuevo presidente del Senado son acusados de haber recibidos millones de dólares pagados por la multinacional de la industria agroalimentaria JBS entre 2006 y 2017. ¿La consecuencia? Un gravísimo riesgo real de caer en el fascismo.

Hay muchas razones, como he explicado al principio para denunciar la situación actual de Venezuela, aunque insisto que no todas son solo atribuibles a su gobierno, pero creo que estos datos cogidos a vuelapluma demuestran que para estos políticos tan poco escrupulosos, como decía al principio, “si no existiera Venezuela habría que inventarla”.

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